Por Juan Pablo Ojeda
Los gobiernos de México y los Estados Unidos ejecutaron este martes un operativo financiero conjunto que resultó en la sanción de dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas transnacionales vinculadas a una red de contrabando de combustibles operada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La acción bilateral implicó la congelación de activos y el bloqueo inmediato de las cuentas bancarias de las entidades imputadas en los sistemas financieros de ambos países.
El reporte técnico emitido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos especifica que la organización delictiva generaba decenas de millones de dólares anuales mediante esta vertiente de financiamiento ilícito. El esquema operativo consistía en la adquisición de volúmenes industriales de gasolina y diésel en territorio estadounidense para su posterior internación ilegal a la República Mexicana, utilizando pedimentos aduanales apócrifos.
Las auditorías aduaneras revelan que la red criminal utilizaba empresas fachada para evadir el pago de los impuestos correspondientes y eludir los controles regulatorios de importación. El dinero generado por este diferencial comercial era reinyectado directamente a las estructuras operativas del cártel, financiando de manera secundaria la producción y el tráfico transfronterizo de drogas sintéticas de alto impacto como el fentanilo.
Entre los objetivos civiles sancionados destaca Óscar Guillermo Juraidini Silva, identificado formalmente por las agencias de inteligencia como el operador financiero principal de esta célula de contrabando. Asimismo, las autoridades procedieron contra J. Refugio Ruiz Villagómez, ejecutor logístico relacionado directamente con el manejo de las empresas transportistas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution.
El modelo de intervención financiera aplicado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México consistió en la inclusión de estos nombres en la Lista de Personas Bloqueadas, impidiendo cualquier transacción en el mercado nacional. Paralelamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos inmovilizó los bienes inmuebles y derechos comerciales de las nueve firmas dentro de su jurisdicción.
Los flujos logísticos documentados señalan que el hidrocarburo ingresaba por los principales puertos fronterizos del norte de México mediante camiones cisterna que declaraban mercancías de menor valor arancelario. Este método de subfacturación sistemática permitía la distribución del combustible robado en estaciones de servicio locales, mermando los ingresos fiscales de la hacienda pública mexicana y alterando la competencia de precios.
El desglose de las corporaciones sancionadas incluye firmas de servicios de transporte, intermediarias aduaneras y consultoras de logística con sedes espejo en Texas y Jalisco. Las investigaciones contables coordinadas indican que el volumen de combustible movilizado mensualmente superaba los 5 millones de litros, consolidando este mecanismo como una de las fuentes de liquidez más estables para la cúpula de la organización delictiva.