El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, presentó a última hora del viernes una solicitud de licencia para separarse de su cargo. La medida administrativa responde de manera directa a los señalamientos emitidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los cuales lo vinculan presuntamente con estructuras del crimen organizado operantes en la región noroeste del país.
La separación del cargo activa el protocolo de sucesión establecido en la Constitución Política del Estado de Sinaloa. El Congreso local deberá sesionar para aprobar la licencia y formalizar el nombramiento de Yeraldine Bonilla, actual secretaria de Gobierno, como gobernadora provisional. Este movimiento traslada el control del Ejecutivo estatal a la funcionaria mientras duren las indagatorias.
De forma simultánea, la estructura gubernamental a nivel municipal registró un movimiento idéntico. Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán, capital del estado, ingresó también una solicitud de licencia temporal, debido a que su nombre figura en los expedientes de investigación elaborados por las autoridades del país vecino.
En el ámbito federal, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la recepción del expediente internacional. La dependencia mexicana ha iniciado el análisis técnico y jurídico de las pruebas enviadas desde Washington para determinar la viabilidad de acciones penales o, en su caso, la procedencia de una solicitud de extradición formal contra el mandatario con licencia.
La decisión de separarse del Ejecutivo estatal marca una contradicción directa con el registro de declaraciones previas de Rocha Moya. Apenas 48 horas antes de presentar el documento de licencia ante el poder legislativo local, el mandatario había descartado públicamente su dimisión, asegurando no temer a una detención y cuestionando la celeridad de los procesos judiciales en su contra.
El aparato burocrático del estado ha emitido comunicados oficiales para garantizar la continuidad operativa. Se confirmó que las 18 dependencias estatales, los servicios públicos, el sistema de salud y los programas de asistencia social mantendrán su funcionamiento regular bajo la supervisión de la administración interina, sin interrupciones logísticas ni financieras.
El curso de los acontecimientos en Sinaloa dependerá de los tiempos legales de la FGR y de la solidez documental aportada por el Departamento de Justicia estadounidense. Mientras tanto, el control administrativo del estado recaerá en Yeraldine Bonilla una vez que el legislativo local concluya el trámite de validación correspondiente en las próximas horas.