Por Juan Pablo Ojeda
La revelación sobre las presuntas conversaciones del gobernador Rubén Rocha Moya con autoridades de Estados Unidos para su entrega desató una exigencia generalizada de transparencia, rendición de cuentas y una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
Investigaciones de organizaciones civiles dedicadas al combate a la corrupción señalan que los mecanismos de control patrimonial y fiscalización en el gobierno de Sinaloa han sido insuficientes para detectar posibles redes de protección institucional al narcotráfico.
Organismos fiscalizadores manifestaron la urgencia de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregue un informe detallado sobre el ejercicio presupuestal y la asignación de obra pública durante la presente administración estatal.
La opacidad en la gestión de los recursos públicos y la falta de pronunciamientos oficiales por parte de las autoridades locales vulneran los principios de máxima publicidad y responsabilidad que mandatan las leyes federales.
Asociaciones civiles presentaron solicitudes formales de información para conocer el estatus de las indagatorias ministeriales abiertas contra funcionarios del gabinete estatal vinculados a las redes de lavado de dinero.
Las organizaciones demandaron la creación de un comité independiente de supervisión ciudadana que audite los procesos administrativos en el gobierno de Sinaloa ante la gravedad de los señalamientos internacionales.
El expediente sobre la legalidad y el costo institucional de la crisis política en el estado continuará bajo el análisis de las comisiones de gobernación y justicia de la Cámara de Diputados.