Por Juan Pablo Ojeda
El Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México concedió este miércoles 12 de agosto de 2026 la protección de la justicia federal a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin. El fallo deja sin efecto el auto de vinculación a proceso dictado en su contra dentro de la causa penal 211/2021 por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La resolución, integrada en el juicio de amparo 412/2025, determina que la autoridad judicial responsable incurrió en vicios de fundamentación y motivación al ratificar la imputación formulada por la Fiscalía General de la República (FGR). La sentencia ordena al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el penal del Norte dejar insubsistente la actuación procesal emitida el 23 de noviembre de 2023.
La acusación de la representación social sostiene que en noviembre de 2012 la imputada recibió una transferencia por 3.5 millones de dólares en una cuenta bancaria radicada en Suiza. De acuerdo con los registros financieros presentados por la fiscalía, dichos fondos habrían sido canalizados posteriormente para la adquisición de un inmueble en la colonia Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
El dictamen judicial precisa que el juez de origen deberá convocar a una nueva audiencia donde analice minuciosamente la vigencia del plazo de prescripción de la acción penal para el delito atribuido. El juzgador deberá valorar si la fecha de recepción de las transferencias en el extranjero extinguió la facultad punitiva del Estado antes de la formulación de la imputación formal.
Métricas del expediente señalan que esta es la tercera ocasión en que la defensa de Gilda Susana Lozoya obtiene la invalidez procesal de los mandamientos judiciales emitidos en su contra. Entre 2020 y 2024, tribunales colegiados revocaron dos órdenes de aprehensión previas dirigidas a la misma imputada por discrepancias en la argumentación jurídica de la representación social federal.
El caso Agronitrogenados se deriva de la compraventa con sobreprecio de la planta chatarra de fertilizantes efectuada por Pemex a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) en 2013, por un monto de 275 millones de dólares. Las auditorías financieras concluyeron que la transacción representó un daño patrimonial al erario federal superior a los 200 millones de dólares.
Pese a la concesión de este amparo, la FGR cuenta con un plazo de diez días hábiles para interponer un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado en Materia Penal. En caso de no ser impugnada por la representación pública, la resolución obligará al juez de control a emitir un nuevo pronunciamiento en el que ordene el sobreseimiento de la causa o reponga el procedimiento penal.