Por Juan Pablo Ojeda
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió una resolución formal exigiendo a las autoridades mexicanas esclarecer el asesinato del periodista Josué Martínez. El organismo internacional enfatiza que la línea de investigación principal debe considerar la actividad profesional de la víctima, descartando sesgos que omitan la posible relación entre su labor periodística y el ataque.
Los registros de la SIP indican que durante 2026 se han contabilizado tres ataques fatales contra comunicadores en territorio mexicano, lo que coloca al país en una posición crítica en los índices de seguridad para el ejercicio de la prensa. El caso de Martínez, ocurrido tras una serie de denuncias locales sobre corrupción, sigue la tendencia de agresiones en zonas de conflicto administrativo.
La metodología de investigación solicitada por la SIP incluye el análisis forense de los dispositivos digitales del periodista y la revisión de los expedientes donde constan sus últimas publicaciones. Se busca determinar la existencia de amenazas previas, un factor que, de ser comprobado, tipificaría el caso bajo agravantes federales contra la libertad de expresión.
El impacto material del homicidio se traduce en la supresión de la fuente informativa que Martínez cubría. Según datos de la propia SIP, la interrupción violenta de una cobertura periodística genera un efecto de autocensura en un radio de 50 kilómetros a la redonda, afectando el derecho ciudadano al acceso a la información pública.
Los protocolos de protección a periodistas, actualmente bajo evaluación, han sido señalados por la SIP como insuficientes ante la rapidez con la que se ejecutan las agresiones. Se requiere una auditoría técnica para entender por qué los mecanismos de salvaguarda, en caso de haber existido, no lograron contener la amenaza directa contra la vida del comunicador.
La SIP ha solicitado acceso a los reportes de avance de la fiscalía local, demandando que no se criminalice la labor informativa para justificar cierres anticipados de carpetas. El organismo espera una respuesta oficial antes del cierre del mes, con el fin de determinar si se requiere una misión de observación internacional.
La historia reciente de México muestra que, sin una indagatoria que agote la línea periodística desde las primeras 72 horas, la impunidad supera el 95%. Este caso se suma a la estadística acumulada de los últimos años, donde el esclarecimiento de los hechos ha dependido más de la presión externa que de la eficacia de los sistemas ministeriales internos.