Por Juan Pablo Ojeda
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó este martes a dos ciudadanos mexicanos y a una red de nueve empresas transnacionales vinculadas al contrabando de combustible y evasión fiscal en la frontera norte de México. De acuerdo con el informe oficial, la infraestructura financiera operaba bajo las órdenes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) para desviar millones de dólares anuales del erario público mediante el denominado «huachicol fiscal».
El expediente técnico detalla que el esquema logístico utilizaba documentación aduanera apócrifa para clasificar el hidrocarburo refinado e importado desde Estados Unidos bajo la etiqueta de «aceites residuales». Esta manipulación arancelaria permitía omitir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), introduciendo el producto al mercado mexicano a un precio inferior al valor promedio de distribución.
Las auditorías financieras identifican al contador Oscar Guillermo Juraidini Silva como el principal artífice de la arquitectura corporativa ilícita. Juraidini Silva gestionaba de forma directa seis empresas con sede en México dedicadas a los ramos inmobiliario, financiero y de transporte de carga: Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes y OF Transportes, además de una firma complementaria constituida en el Reino Unido bajo la denominación Cucumber Sweet Waves Ltd.
Por su parte, el segundo implicado, J. Refugio Ruiz Villagómez, coordinaba la logística física de internación del combustible sin los permisos de importación emitidos por la Secretaría de Energía (SENER). Las operaciones de Ruiz Villagómez se canalizaban a través de las empresas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, firmas que registraron transacciones financieras multimillonarias de procedencia injustificada dentro del sistema bancario estadounidense.
Los datos estadísticos proporcionados por las agencias de inteligencia indican que el robo de hidrocarburo crudo a Petróleos Mexicanos (Pemex) se ejecutaba mediante cinco modalidades principales: la perforación ilegal de oleoductos, el desvío directo en refinerías, el secuestro de camiones cisterna, el soborno sistemático a personal operativo y la coacción mediante amenazas a los empleados de la paraestatal. Una vez extraído el crudo, este se enviaba a refinerías en Estados Unidos para su procesamiento antes de retornar de manera ilegal.
El flujo financiero de la organización criminal indica que el combustible refinado era adquirido legalmente en el mercado estadounidense por empresas comercializadoras mexicanas mediante intermediarios. Posteriormente, se emitían facturas falsas para simular la adquisición legal dentro del territorio nacional, permitiendo la venta final del hidrocarburo en estaciones de servicio de gasolineras particulares que operaban como receptoras comerciales de la red.
El desglose final de los activos financieros movilizados por este esquema revela mecanismos complejos de lavado de dinero que ingresaban a la economía formal mexicana. Las utilidades netas del contrabando se destinaban a la adquisición de bienes raíces de alta plusvalía, portafolios de inversión y vehículos de gama alta, además de utilizarse como flujo de efectivo inyectado directamente en estructuras operativas regionales del grupo delictivo.