Por Juan Pablo Ojeda
El gobierno federal anunció este martes que solicitará formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) una revisión exhaustiva para reclamar y asegurar los bienes y activos financieros vinculados a Ismael «El Mayo» Zambada, tras la sentencia de cadena perpetua dictada en su contra por una corte federal en Estados Unidos.
Las estimaciones preliminares de las unidades de inteligencia financiera y ministerial apuntan a que el conglomerado de propiedades, empresas fachada y cuentas bancarias asociadas a la red delictiva asciende a un valor superior a los 3 mil millones de dólares distribuidos en territorio nacional y jurisdicciones extranjeras.
Los registros de la investigación señalan que el andamiaje corporativo utilizado para el lavado de capitales operaba a través de al menos 42 empresas fantasma dedicadas al sector inmobiliario, ganadero y turístico en los estados de Sinaloa, Durango y Baja California.
La solicitud del Ejecutivo busca activar los mecanismos de asistencia jurídica internacional y cooperación bilateral para repatriar los recursos confiscados y destinarlos al erario federal conforme a los protocolos de extinción de dominio establecidos en la legislación mexicana.
Especialistas en derecho patrimonial y fiscalización internacional advierten que el proceso de repatriación de activos transfronterizos suele enfrentar litigios prolongados debido a la complejidad en la trazabilidad de los testaferros y la opacidad en los registros notariales.
El presupuesto proyectado para la defensa legal y el peritaje financiero requerido por la FGR representa una erogación inicial estimada en 120 millones de pesos, recursos que deberán ser autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Las conclusiones del informe ministerial establecen que las diligencias se extenderán durante los próximos nueve meses, periodo en el cual se buscará consolidar el aseguramiento definitivo de los bienes inmuebles y cuentas bancarias identificadas.