Por Juan Pablo Ojeda
El señalamiento emitido por la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no integró directrices sobre inteligencia artificial en su examen de admisión expone la vulnerabilidad de los sistemas de evaluación frente a las nuevas tecnologías.
Organismos de supervisión académica y comités de transparencia han cuestionado la velocidad con la que las instituciones públicas adaptan sus marcos de seguridad ante el avance de herramientas digitales capaces de vulnerar los exámenes estandarizados tradicionales.
La exigencia de rendición de cuentas recae ahora sobre los órganos internos de control de la máxima casa de estudios, los cuales deben auditar los protocolos de vigilancia en las aulas para garantizar que los recursos destinados a la aplicación de los exámenes impidan cualquier fraude masivo.
El llamado gubernamental para que los aspirantes eviten la trampa pone sobre la mesa la necesidad de revisar los presupuestos asignados a la modernización tecnológica de los centros de evaluación, donde históricamente se han reportado filtraciones de reactivos o suplantación de sustentantes.
Auditores universitarios advierten que el costo de implementar sistemas de supervisión basados en inteligencia artificial o biometría representa una inversión elevada que requiere partidas financieras extraordinarias aprobadas por el Consejo Universitario.
La autonomía universitaria, principio constitucional que rige a la UNAM, delimita la capacidad de intervención del Ejecutivo federal, limitando las declaraciones oficiales a exhortos morales y recomendaciones de seguridad administrativa sin carácter vinculante directo.
Las comisiones legislativas de educación superior anunciaron que solicitarán un informe detallado a la rectoría sobre las medidas preventivas aplicadas durante la jornada de exámenes, buscando blindar los procesos futuros contra el uso no autorizado de tecnologías generativas.