Por Juan Pablo Ojeda
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó este día el descongelamiento parcial de las cuentas bancarias pertenecientes al exgobernador Rocha Moya, limitando la habilitación operativa exclusivamente al depósito y retiro de las pensiones gubernamentales correspondientes a su trayectoria en el servicio público. La medida administrativa se ejecuta tras una revisión exhaustiva de los registros financieros y fiscales del exfuncionario por parte de las áreas técnicas del organismo.
Los datos recabados por las dependencias hacendarias detallan que el bloqueo general sobre el resto de las operaciones patrimoniales y mercantiles se mantiene vigente mientras continúan las indagatorias ministeriales y administrativas sobre el origen y destino de sus recursos. Los saldos liberados corresponden estrictamente a las percepciones de carácter jubilatorio amparadas por la legislación laboral vigente para servidores públicos retirados.
El análisis técnico de las cuentas bancarias involucradas muestra que la medida cautelar original había suspendido toda movimentación económica, generando un litigio administrativo que derivó en la resolución actual. Los equipos jurídicos de la UIF determinaron que el derecho a percibir emolumentos por jubilación constituye una prerrogativa de subsistencia insubordinable a los embargos precautorios de carácter general.
Las instituciones bancarias notificadas sobre la resolución procedieron a habilitar los módulos de transferencia correspondientes para asegurar el flujo de las pensiones. Los registros contables de estas transacciones quedarán bajo fiscalización permanente para garantizar que no existan filtraciones de capital provenientes de otras fuentes patrimoniales sujetas a investigación.
Los analistas del sector económico y financiero señalan que este tipo de liberaciones parciales se ajustan a los precedentes jurisprudenciales en materia de derechos sociales y pensiones alimentarias o de retiro. El procedimiento técnico exige que cada movimiento de fondos sea validado previamente por la autoridad hacendaria antes de ser acreditado al beneficiario.
El curso de las investigaciones globales sobre el patrimonio de Rocha Moya sigue su marcha en las instancias de procuración de justicia federal, donde peritos contables continúan recabando información fiscal y bancaria. Las dependencias gubernamentales mantendrán el sigilo procesal hasta concluir los dictámenes periciales definitivos.
Con la implementación de este descongelamiento restringido, la UIF equilibra la aplicación de medidas de control financiero con el respeto a los derechos previsionales consagrados en el marco constitucional mexicano, cerrando un capítulo técnico en el proceso de fiscalización.