Por Juan Pablo Ojeda
La agencia calificadora Moody’s Ratings informó este jueves 13 de agosto que México necesita aplicar un ajuste fiscal equivalente al 2.4% del Producto Interno Bruto (PIB) para estabilizar el crecimiento de su deuda pública. El cálculo, integrado en un estudio analítico sobre 18 economías de América Latina y el Caribe, ubica al país entre las naciones con mayores requerimientos de consolidación fiscal en la región, superado únicamente por Brasil y Trinidad y Tobago.
Según las estimaciones de la firma internacional, el balance fiscal proyectado para México en 2026 resulta insuficiente para frenar la trayectoria ascendente de los compromisos financieros del Estado. El informe destaca que la deuda pública mexicana experimentó un incremento continuo de 14 puntos porcentuales en proporción al PIB durante el periodo comprendido entre 2019 y 2025, un avance idéntico al registrado en economías como Chile, Colombia y Bahamas.
El documento atribuye las presiones sobre el balance fiscal al aumento estructural del gasto de la administración pública. Al comparar el promedio del quinquenio 2015-2019 con el periodo 2021-2025, el gasto público general creció un 2% del PIB. Este incremento coincide con una expansión persistente en la asignación de transferencias directas y subsidios tras la contingencia sanitaria por COVID-19, dinámica que México comparte con países como Ecuador y Panamá.
Moody’s precisa que el margen de maniobra de las autoridades financieras mexicanas se encuentra limitado por la elevada rigidez del presupuesto federal. La calificadora categoriza como «gasto rígido» a los rubros destinados al pago de intereses de la deuda, transferencias sociales, subsidios y salarios del sector público, partidas que cuentan con blindajes legales, contractuales o políticos que impiden recortes discrecionales ante choques macroeconómicos.
Adicionalmente, el reporte identifica una restricción estructural en el esquema de recaudación fiscal de la Federación. El marco normativo mexicano obliga al Gobierno central a distribuir una proporción de los ingresos tributarios con las entidades federativas y municipios a través del sistema de participaciones, lo que diluye el impacto neto de cualquier esfuerzo por incrementar los ingresos del fisco.
Aunque el análisis no representa una revisión de la calificación crediticia soberana de México —que se mantiene en la nota Baa3 con perspectiva estable—, la agencia advierte que un nivel de deuda más elevado erosiona la capacidad institucional para absorber fluctuaciones financieras externas. La calificadora descartó que los recortes a la inversión pública sean una solución sostenible, al argumentar que frenar la infraestructura compromete la capacidad productiva de largo plazo.
Como alternativa de ajuste, Moody’s concluye que la contención del déficit debe priorizar la optimización del gasto operacional y la mejora en la eficiencia de la recaudación tributaria. Este enfoque permitiría reducir los requerimientos financieros del sector público sin comprometer la prestación de servicios esenciales ni el gasto de capital planificado para los próximos ejercicios fiscales.